Multa de zona de bajas emisiones: 200 € y ningún punto

De todas las multas de tráfico, la de la zona de bajas emisiones es la que peor explicada está. Busque quien busque, encontrará que «depende de cada ayuntamiento» y que el importe «suele rondar» tal cifra. Las dos cosas son medias verdades, y la segunda es directamente falsa desde marzo de 2022.

El importe sí está fijado por una norma estatal y es el mismo en Madrid, en Pontevedra y en Palma. Lo que cambia de una ciudad a otra es otra cosa: dónde empieza la zona, a qué horas, qué vehículos pueden pasar y qué excepciones hay. Eso es mucho, pero no es el precio.

Aquí está la cadena completa de normas, con el texto delante, y dónde se comprueba el caso de una calle concreta sin fiarse de ningún mapa de terceros.

Qué dice la ley que es una zona de bajas emisiones

La definición no está en una ordenanza municipal ni en un reglamento de la DGT: está en el artículo 14.3 de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética. Y conviene leerla entera, porque cada palabra acaba teniendo consecuencias.

Según ese artículo, una zona de baja emisión es «el ámbito delimitado por una Administración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente».

Hay tres cosas dentro de esa frase que importan en la práctica. Que la zona tiene que ser continua, no un conjunto de calles sueltas. Que las restricciones no son solo de entrada: alcanzan también a circular y a estacionar dentro. Y que el criterio para distinguir vehículos es la clasificación ambiental del Reglamento General de Vehículos, es decir, el mismo sistema que hay detrás de la etiqueta de la DGT, no un invento local.

Qué ciudades están obligadas a tener una

El mismo artículo 14.3 impone la obligación a dos grupos: los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares, que debían establecerlas antes de 2023 dentro de sus planes de movilidad urbana sostenible.

A esos se suma un tercer grupo que casi nunca se menciona: los municipios de más de 20.000 habitantes en los que se superen los valores límite de los contaminantes regulados en el Real Decreto 102/2011, de mejora de la calidad del aire. Es decir, que un pueblo grande con un problema de calidad del aire medido también entra en la obligación, aunque no llegue a los 50.000 habitantes.

Que la ley obligue no significa que todos hayan cumplido en plazo, y eso tiene un efecto directo sobre el conductor: la pregunta útil nunca es «¿tiene ZBE una ciudad de este tamaño?», sino «¿tiene ZBE esta ciudad, hoy, y por dónde pasa?». Más abajo está dónde se comprueba.

La multa sí tiene un importe estatal: son 200 euros

Aquí está el dato que la mayoría de las páginas del sector no da, probablemente porque la norma que lo fija es de diciembre de 2022 y el error se copió antes.

El artículo 15 del Real Decreto 1052/2022, que regula las zonas de bajas emisiones, no crea una sanción propia. Hace algo más limpio: remite. Dice que no respetar las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento derivadas de las ZBE es «conducta constitutiva de la infracción tipificada como grave en el artículo 76 z3) del texto refundido de la Ley sobre Tráfico», y que se le aplica el régimen sancionador del título V de esa ley.

Y el artículo 76 z3) existe. Se añadió por la Ley 18/2021, con efectos desde el 21 de marzo de 2022, y tipifica como grave «no respetar las restricciones de circulación derivadas de la aplicación de los protocolos ante episodios de contaminación y de las zonas de bajas emisiones».

A partir de ahí la cuenta es mecánica. El artículo 80.1 de la misma ley dice que las infracciones graves se sancionan «con multa de 200 euros», sin horquilla y sin margen de apreciación, salvo las de velocidad, que van por el anexo IV. Así que la multa de ZBE son 200 €.

No quita puntos, y eso cambia la cuenta

Las infracciones que detraen puntos no se deducen de su gravedad: están en una lista cerrada, el anexo II de la Ley sobre Tráfico, titulado «Infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos». Lo que no está en ese anexo no quita puntos, por grave que sea.

Las restricciones medioambientales no aparecen en ese anexo. Ni la ZBE, ni los protocolos por episodios de contaminación. De modo que una multa de zona de bajas emisiones es una infracción grave que no toca el saldo del permiso. Si quiere ver qué sí lo toca, está en la guía de qué infracciones quitan puntos y cuántos.

Esto tiene una consecuencia que casi nadie cuenta y que sale del artículo 94.g): cuando se paga voluntariamente una sanción, esta no computa como antecedente en el Registro de Conductores e Infractores de la DGT «siempre que se trate de infracciones graves que no lleven aparejada pérdida de puntos». La de ZBE es exactamente ese caso.

Lo que sí decide cada ayuntamiento

Que el importe sea estatal no convierte la ZBE en una regla nacional uniforme. El artículo 2.3 del Real Decreto 1052/2022 es explícito: «las ZBE serán delimitadas y reguladas por las entidades locales en su normativa municipal». Y la Ley sobre Tráfico se lo reconoce en su artículo 7.g), que atribuye a los municipios «la restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por motivos medioambientales».

Lo que queda en manos del ayuntamiento es, por tanto, casi todo lo demás: el perímetro exacto, si hay una o varias zonas, los horarios, qué distintivos ambientales pueden entrar y cuáles no, si la restricción alcanza también al estacionamiento, y el calendario de entrada en vigor por fases.

El decreto solo pone un límite al criterio: según su artículo 5.2, las prohibiciones «afectarán prioritariamente a los vehículos con más potencial contaminante y serán proporcionales a los objetivos» fijados, y esa proporcionalidad «deberá estar suficientemente motivada». No es una cláusula decorativa: es el gancho por el que se impugnan las ordenanzas ante los tribunales.

Las excepciones son la letra pequeña que más se lee mal

Casi todas las ZBE tienen excepciones: residentes, personas con movilidad reducida, servicios de emergencia, vehículos de reparto en determinadas franjas, acceso a aparcamientos propios. El problema es que se dan por supuestas y no todas existen en todas las ciudades.

El artículo 5.3 del decreto las admite con una redacción deliberadamente estrecha: «únicamente, y en casos debidamente justificados, se podrán establecer excepciones». No es una invitación a la generosidad. Y el que no esté en una excepción prevista por la ordenanza entra con los 200 € por delante, por muy razonable que le parezca su motivo.

El error más caro aquí es el de la persona que cree que su excepción es automática. Muchas exigen registro previo de la matrícula, y una cámara no distingue a un residente no registrado de un coche cualquiera. Si va a depender de una excepción, conviene comprobar en la propia ordenanza si hay que darse de alta y con qué antelación.

Cómo saber si una calle concreta está dentro

Existe una fuente oficial para esto y es poco conocida. El artículo 10.2 del Real Decreto 1052/2022 obliga a las entidades locales a informar a la Dirección General de Tráfico «sobre la información relativa al contorno de las ZBE, horarios si los hubiera y vehículos permitidos, con base en su clasificación ambiental, en el plazo máximo de un mes desde su establecimiento».

Y añade qué hace la DGT con eso: ponerlo «a disposición de navegadores, vehículos y resto de agentes del ecosistema de la movilidad a través del Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad». Por eso los navegadores de coche avisan de las ZBE: no lo adivinan, lo leen de ahí.

En la práctica hay tres comprobaciones que sirven, en este orden: la ordenanza municipal publicada en la sede electrónica del ayuntamiento, que es la norma que de verdad se aplica; el mapa oficial del propio ayuntamiento; y la clasificación del vehículo, que se consulta por matrícula y gratis en la sede electrónica de la DGT. Las tres son gratuitas y ninguna es un blog.

La señal: cuál es y qué pasa si no está

El artículo 14 del decreto obliga a señalizar las ZBE «de forma clara en los puntos de acceso a la misma», con la señal regulada en la Instrucción MOV 21/3, aprobada por la Dirección General de Tráfico el 2 de junio de 2021, sin perjuicio de la que se incorpore al Catálogo oficial de señales de circulación.

Es una obligación con nombre y fecha, y por eso es comprobable. Si un acceso no estaba señalizado, o la señal estaba tapada o era ilegible, eso es un hecho que puede alegarse, y es de los pocos que se pueden documentar con una fotografía fechada en el momento.

Dicho sin adornos: la falta de señal no es una llave que abra cualquier recurso, porque la ordenanza está publicada y publicada se presume conocida. Pero es un argumento material, con una norma detrás, y eso lo distingue de la mayoría de los que circulan por los foros.

Por qué circulan importes distintos por internet

Hay una explicación concreta y tiene fecha. Las primeras zonas de bajas emisiones españolas son anteriores al tipo estatal: se crearon por ordenanza municipal, y cada ordenanza llevaba su propio cuadro de sanciones. De ahí vienen las cifras dispares que aún se leen.

El decreto previó justamente eso. Su disposición transitoria única da un plazo máximo de 18 meses desde su entrada en vigor —el real decreto se publicó el 28 de diciembre de 2022 y entró en vigor al día siguiente— para que las ZBE anteriores se revisen y se adecúen. Y su artículo 10.4 añade que el proyecto debe revisarse al menos a los tres años de su establecimiento y después, al menos, cada cuatro.

Conclusión práctica: una cifra de ZBE leída en un artículo sin fecha no vale nada. Si va a comparar, compare contra el precepto que cita su propia notificación, que es el único que se le va a aplicar a usted.

Las zonas de especial sensibilidad: colegios, hospitales y residencias

Dentro de una ZBE puede haber áreas con reglas más duras que el resto. Lo permite el artículo 4.3 del decreto, que habla de «zonas de especial sensibilidad destinadas a proteger a los sectores más vulnerables de la población, incluida la población infantil».

La norma dice dónde se ponen prioritariamente: «en las proximidades de equipamientos escolares, sanitarios, hospitalarios y de residencias de ancianos». Y dice algo más, que es lo que sorprende: su diseño «incluirá requisitos y medidas de reducción de emisiones más exigentes que los que se establezcan en la zona principal».

Además pueden ser discontinuas respecto de la ZBE principal, aunque la zona principal tenga que ser continua. Traducido: puede ocurrir que un vehículo tenga permitido circular por la ZBE y no por las dos manzanas de alrededor de un colegio. No es un fallo de la ordenanza, está previsto en la norma estatal.

Quién pone la multa y cómo llega

La ZBE la vigila y la sanciona el ayuntamiento, no la DGT. El artículo 7.a) de la Ley sobre Tráfico atribuye a los municipios la vigilancia y disciplina del tráfico en sus vías urbanas, «así como la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuida a otra Administración». El dinero de la multa va, por tanto, al ayuntamiento.

Esto cambia tres cosas de orden práctico. Que la notificación no viene de Tráfico, sino del consistorio. Que el recurso se presenta ante el ayuntamiento. Y que la mayoría de estas denuncias se captan por cámara de lectura de matrículas, sin agente delante, lo que las convierte en notificaciones por correo o por vía electrónica, no en una denuncia en mano.

Cómo se practica esa notificación y desde cuándo corren los plazos está desarrollado en la guía de notificaciones, y es lo primero que hay que fijar: casi todos los recursos que se pierden, se pierden por fecha, no por fondo. Los plazos exactos están en recurrir una multa.

La cuenta concreta y qué mirar antes de pagar

Con el tipo estatal en la mano, la aritmética es corta. La sanción son 200 €. Con el pago voluntario dentro de los veinte días naturales siguientes a la notificación, el artículo 94 aplica una reducción del 50 %, y quedan 100 €. Ese cálculo es nuestro a partir del artículo 94.a), no una cifra escrita en la norma.

Lo que se compra con esos 100 € de ahorro es renunciar a alegar: el artículo 94.b) dice que si se formulan alegaciones «se tendrán por no presentadas», y el 94.d) agota la vía administrativa. Está explicado con todas sus consecuencias en el 50 % por pronto pago, y el importe de cualquier multa con y sin reducción sale en la calculadora de multas.

Antes de decidir, tres comprobaciones que no cuestan nada: que el precepto citado sea efectivamente el artículo 76 z3) y no otro; que la matrícula y la fecha y hora coincidan con un acceso real; y que no le ampare una excepción de la ordenanza que simplemente no tenía registrada. Si después de eso la multa es correcta, pagar pronto es la opción barata. El resto de guías de sanciones está en la sección de multas, y si detecta un dato desactualizado en esta página puede decírnoslo desde contacto.